Colombia

Prototipado para una transformación verde en Colombia
Las y los pequeños agricultores colombianos en áreas protegidas afectadas por el cultivo ilícito de coca están demostrando que es posible generar ingresos legales mientras se respeta y protege el medio ambiente natural.
En 2023, se cultivaron aproximadamente 253.000 hectáreas de coca en Colombia, según datos de la UNODC. Cerca de la mitad de estos cultivos se encuentran en áreas de manejo especial, incluidas zonas protegidas. Las personas que cultivan coca de forma ilegal en estas áreas enfrentan múltiples formas de marginación: económica, política y social. Las reservas naturales remotas carecen de infraestructura, acceso al mercado, escuelas y atención médica, y el Estado tiene una presencia mínima como fuerza protectora. Las y los traficantes de drogas suelen proporcionar semillas de coca a las comunidades y luego compran directamente las cosechas. Para muchas familias, trabajar con estos intermediarios locales es a menudo la única manera de generar ingresos. Este escenario plantea un dilema: deben asegurar su supervivencia, pero al hacerlo, causan un daño ambiental significativo y destruyen de manera irreversible sus propios medios de vida.
El cultivo ilícito tiene un impacto devastador en el medio ambiente de diversas maneras. Las y los agricultores talan bosques primarios para convertirlos en tierras de cultivo. Cuando la coca se procesa en cocaína, un proceso que generalmente se realiza en el mismo sitio, se utilizan productos químicos nocivos que contaminan los suelos y los ríos. Además, el cultivo de coca expande la frontera agrícola hacia las áreas protegidas, ya que estas actividades ilícitas atraen a más colonos y sectores ilegales. A su vez, el dinero del narcotráfico se lava a través de otras actividades agrícolas, como la ganadería. Los impactos directos e indirectos en el ecosistema local son catastróficos.
Economía y conservación de la naturaleza en armonía
Desde 2015, el Programa Global de Políticas de Drogas y Desarrollo (Global Partnership on Drug Policies and Development, GPDPD) ha trabajado en Colombia para integrar las políticas de drogas y medioambiente en una política de drogas verde. Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, y en colaboración con el Gobierno colombiano, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y socios regionales y locales, se han implementado ocho proyectos de Desarrollo Alternativo en Putumayo, Caquetá, Guaviare, Nariño, Meta y Valle del Cauca.
Hasta 2018, se ejecutaron cinco proyectos en el marco del programa de cooperación bilateral “Protección del bosque y del clima/REDD+”, enfocados en combatir la deforestación causada por el cultivo de coca. Desde 2022, en colaboración con la UNODC, se han puesto en marcha dos nuevos proyectos centrados en el manejo forestal sostenible y legal, mientras que la implementación de Pagos por Servicios Ambientales en Reservas Forestales ya está avanzando. Además, desde 2023, se han explorado Alternativas Económicas Sostenibles en el Parque Nacional Natural Farallones. Estas iniciativas se complementan con estudios y recomendaciones de políticas públicas desarrolladas junto con la Fundación Ideas para la Paz (FIP) para fortalecer la implementación de una política de drogas verde en Colombia.
Para garantizar que la edición especial "Los impactos medioambientales de las economías ilícitas" de la Revista sobre Economías Ilícitas y Desarrollo (JIED, por sus siglas en inglés) sea accesible para el público hispanohablante, se produjo una versión en español en colaboración con el Centro de Estudios en Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes. Además, el CESED y el GPDPD desarrollaron conjuntamente una herramienta digital destinada a entidades colombianas interesadas en diseñar proyectos de Pagos por Servicios Ambientales. Esta herramienta ayuda a identificar las áreas más adecuadas para los proyectos, basándose en criterios específicos definidos para cada iniciativa.
Todas las voces cuentan
El objetivo principal es fomentar cadenas de valor legales y sostenibles que contribuyan tanto a la regeneración como a la protección de los bosques. En línea con el enfoque de desarrollo alternativo, las autoridades locales, las asociaciones de productores y las y los pequeños agricultores están profundamente involucrad*s en los proyectos. Esto no solo refuerza su papel en el proceso de transformación, sino que también se convierte en un pilar clave para el éxito de las iniciativas.
Gracias a los proyectos, las y los pequeños agricultores ya están generando mayores ingresos al aprovechar y comercializar de manera sostenible frutas locales como el açaí, el cacao y el café. Han sido capacitad*s en gestión sostenible y en métodos de cultivo respetuosos con el medio ambiente. Además, reciben apoyo para certificar sus productos y establecer acuerdos de comercio justo con empresas locales. Esto no solo les permite obtener precios más competitivos, sino que también ha llevado a que algunos de sus productos sean comercializados por empresas nacionales en mercados internacionales de Europa y Estados Unidos.
Cifras | Datos | Hechos
Alternativas al uso agrícola
En las áreas protegidas y regiones administrativas especiales para comunidades afrocolombianas e indígenas, las normativas agrícolas son especialmente estrictas, llegando incluso a prohibiciones completas. Estas restricciones presentan importantes desafíos para los proyectos de desarrollo alternativo. Sin embargo, existen enfoques que han demostrado ser efectivos en la práctica y que ahora se incorporan en estudios y recomendaciones de políticas públicas. Entre las iniciativas más prometedoras destacan el ecoturismo y los pagos a las comunidades locales por la conservación de sus ecosistemas.
Las y los pequeños agricultores que participan en proyectos de desarrollo alternativo en Colombia nos muestran cómo las políticas de drogas verdes pueden generar una transformación sostenible en las regiones afectadas. Gracias a sus experiencias, están diseñando nuevos modelos que sirven como prototipos para una política de drogas más moderna y efectiva.

Alemania, Colombia y Perú: Uniendo fuerzas para proteger el medio ambiente
Colombia y Perú enfrentan un desafío común: el cultivo ilegal de coca en reservas naturales amenaza gravemente la biodiversidad de ambos países. Aunque han realizado esfuerzos significativos para reducir este cultivo, los parques nacionales y las zonas de amortiguamiento continúan sufriendo las consecuencias de su expansión.
En el marco del Fondo Regional de Cooperación Triangular del Gobierno alemán, Colombia y Perú han unido fuerzas para compartir experiencias y desarrollar medidas conjuntas que beneficien a las 29 reservas naturales afectadas en ambos países. Este esfuerzo conjunto busca no solo proteger estos frágiles ecosistemas, sino también promover soluciones sostenibles a largo plazo.