Derechos humanos y política de drogas

Por qué la salvaguarda de los derechos humanos es indispensable para una política de drogas sostenible

En la lucha contra las drogas ilegales se producen con frecuencia graves violaciones de los derechos humanos: tortura, encarcelamientos largos y penas de muerte para presuntos consumidores y consumidoras de drogas o micro traficantes o la denegación de servicios médicos básicos, homicidios extrajudiciales - por nombrar solo algunos. Al mismo tiempo, la salvaguarda de los derechos humanos es una condición esencial para el desarrollo. 

 

Apenas una pequeña fracción del total de las personas que sufren una adicción a nivel mundial disfrutan de acceso a un tratamiento adecuado, a medidas para la reducción de daños o a protección frente a infecciones como el VIH y la hepatitis. Aun cuando la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas constituya una infracción de las normas internacionales de derechos humanos, esta sigue formando parte del ordenamiento jurídico vigente de al menos 35 Estados.

l ordenamiento jurídico vigente de al menos 35 Estados.

Derechos humanos, daños colaterales

Incluso las estrategias estatales de lucha contra el cultivo ilícito de drogas pueden dar lugar a violaciones de los derechos humanos. Cuando el Estado destruye la única base de subsistencia de familias afectadas por la pobreza, las personas afectadas se ven expuestas a la indigencia. Además, los cultivos ilicitos suelen ser destruidos con productos químicos que perjudican a las personas y al medio ambiente. Todo ello conduce a la denegación a las personas afectadas de derechos básicos como el derecho a la alimentación, al agua potable y a la salud.

No hay desarrollo sostenible sin derechos humanos

Puesto que los derechos humanos son el fundamento de una vida digna y en igualdad, el armazón de una sociedad abierta y libre y la base del desarrollo sostenible, constituyen la condición principal de la política de desarrollo alemana. Esto aplica igualmente a la política de drogas orientada al desarrollo que Alemania promueve a nivel internacional. Las Naciones Unidas también exhorta a sus Estados miembros a que apliquen las medidas de control de drogas “de plena conformidad” con los principios de derechos humanos acordados internacionalmente. El Documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS) celebrado en 2016 dedica por primera vez un capítulo propio a los derechos humanos en el marco de la política de drogas. Así, señala el camino hacia una política de drogas más centrada en los derechos y necesidades individuales.

El desarrollo alternativo fortalece los derechos humanos

Una política de drogas orientada al desarrollo, que integre desde el primer momento alternativas económicas, tal como la que defiende el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, garantiza a las personas perspectivas a largo plazo. El objetivo consiste en que los agricultores y agricultoras de las zonas de cultivos ilícitos dejen atrás la pobreza y logren alcanzar por sí mismos un nivel de vida adecuado. Esto incluye una equilibrada y suficiente alimentación, acceso a la tierra, servicios médicos y educación. La estrecha involucración de la población local y un enfoque especial en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres en las zonas rurales son fundamentales.

Una normativa largamente esperada

A menudo, los Gobiernos carecen de los conocimientos necesarios para una reorientación concreta de sus políticas de drogas en consonancia con los derechos humanos. A este respecto, brindan orientación las “Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas”. Esta normativa Centro Internacional de Derechos Humanos y Política de Drogas de la Universidad de Essex ha sido formulada, por encargo del BMZ, con el apoyo del Programa Global de Políticas de Drogas y Desarrollo (Global Partnership on Drug Policies and Development, GPDPD), así como del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (United Nations Development Programme, UNDP) y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza. Las directrices concretan obligaciones en materia de control de drogas sobre la base de los derechos humanos internacionales y suponen una novedad en la política internacional de drogas.En marzo de 2019, dichas directrices se presentaron ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (Commission on Narcotic Drugs, CND) en Viena. La demanda — basada en los derechos humanos — de programas de salud, infraestructura y educación reafirma el enfoque del BMZ, el cual va más allá de los cultivos ilícitos para centrarse principalmente en sus causas en proyectos de Desarrollo Alternativo.

Participación de todos los grupos afectados

En la elaboración del documento han participado actores de los más diversos ámbitos de la economía de las drogas: agricultores y agricultoras de pequeña escala, consumidores y consumidoras de drogas, juristas, representantes de organizaciones no gubernamentales y representantes de organizaciones estatales e internacionales. Esto ha permitido tener en cuenta diferentes opiniones y necesidades y garantizar el respeto de los principios básicos de la participación, la transparencia y la no discriminación. Las directrices cuentan con el apoyo de cuatro organismos de las Naciones Unidas: el Programa de Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Conjunto para el VIH/SIDA (ONUSIDA) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos del (ACNUDH).

 

A fin de dar a conocer las directrices en todo el mundo y apoyar a los Estados interesados en su transferencia a leyes y estrategias nacionales, ya se han celebrado varias consultas regionales. Las directrices han sido traducidas al español, ruso y portugués. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha adoptado las directrices, al igual que el Enviado Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Salud.

 

También a nivel nacional, las directrices ya han demostrado sus beneficios para varios estados: en 2020, la Corte Constitucional colombiana recurrió a las directrices en una sentencia sobre la destrucción de plantas de coca con glifosato para fundamentar su posición en contra. En Albania se llevó a cabo una primera capacitación con jueces, en la que los derechos procesales estuvieron en primer plano. En el futuro, se desarrollarán instrumentos y formatos aún más a medida con los que las Directrices Internacionales serán más conocidas y su contenido más claro para los usuarios a todos los niveles. Porque el valor de esta herramienta de derechos humanos se mide por la cantidad de uso e implementación. 

 

El documento “Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas” puede consultarse y descargarse aquí.