Repaso después de un año: Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas
Dos años después de su publicación en marzo de 2019, las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas han sido reconocidas por un rango amplio de actores. Esto es un éxito importante. Solo de esta manera las Directrices pueden contribuir a una política global de drogas centrada en los derechos humanos.
Las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas son mundialmente novedosas dado que definen las obligaciones de derechos humanos en política de drogas. Estas proveen a los gobiernos, agencias de las Naciones Unidas (ONU), actores de desarrollo y a la sociedad civil con información sobre como implementar políticas de drogas alineadas con los derechos humanos en las áreas de salud, desarrollo y justicia penal. Las Directrices no son legalmente vinculantes, pero buscan servir de orientación. En marzo de 2019 fue su lanzamiento en la Comisión de Estupefacientes (Commission on Narcotic Drugs, CND) en Viena.
El documento fue desarrollado por el Centro Internacional sobre Derechos Humanos y Política de Drogas de la Universidad de Essex con el apoyo del Programa Global de Políticas de Drogas y Desarrollo (Global Partnership on Drug Policies and Development, GPDPD), y en estrecha cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza. Las Directrices están disponibles en inglés, portugués, ruso y español.
Amplio reconocimiento internacional
Ahora varias instituciones acogen o citan las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas, incluyendo la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, en 2021 las Directrices se presentarán ante órganos de las Naciones Unidas como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Implementación Nacional de las Directrices
Dos diálogos regionales, uno para Latinoamérica y el Caribe, y otro para Asia del Sur y el Sudeste Asiático resaltaron como se pueden poner en práctica las Directrices. También se discutió su relación con las políticas de drogas nacionales y regionales.
La primera consulta regional sobre la aplicación de las Directrices tuvo lugar en Ciudad de México en enero de 2020. Este diálogo fue organizado por el PNUD, la Universidad de Essex, el GPDPD, los ministerios de relaciones exteriores de Suiza y México y la organización no gubernamental México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). Representantes de gobierno de 12 países, incluyendo Brasil, México y Perú, desarrollaron propuestas de implementación concretas en el encuentro. Estas propuestas se enfocan principalmente en las áreas de justicia penal, salud y desarrollo, así como en grupos particulares como niños y niñas, jóvenes, mujeres, personas privadas de la libertad y comunidades indígenas.
El segundo diálogo regional sobre la implementación de las Directrices se llevó a cabo de manera virtual en noviembre de 2020 en Asia de Sur y el Sudeste Asiático. El evento fue organizado por el Centro Internacional sobre Derechos Humanos y Política de Drogas de la Universidad de Essex, PNUD, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza y el GPDPD. Además de la identificación de mecanismos para implementar las Directrices en la región, los participantes, incluyendo representantes de gobierno de 10 países, discutieron medidas de política en las áreas de salud, género y justicia penal.
Adopción legal de las Directrices
En abril de 2021, un hito fue alcanzado en Albania. Mediante el uso de casos legales concretos, jueces locales aprendieron como integrar las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas en su trabajo diario. La capacitación, organizada por la Universidad de Essex, el PNUD, el Foro Albano de Jueces Mujeres, y el GPDPD, fue la primera en su tipo. Actualmente se tienen planeados cursos similares para otras regiones y contextos.
En Colombia, la Corte Constitucional citó las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas en dos sentencias, una sobre el uso de drogas (junio de 2019) y otra sobre el uso del glifosato para la destrucción de cultivos ilícitos (febrero de 2020): en el primer caso, la Corte hizo referencia a la necesidad de una mejor conciliación entre los estándares internacionales de derechos humanos y las obligaciones de combatir el crimen organizado y el uso de drogas. En el segundo caso, hizo referencia al cambio de paradigma en política internacional de drogas derivado de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas 2016 (United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem 2016, UNGASS 2016). La corte se basó en las Directrices para señalar la relación entre la protección de los derechos humanos y el ambiente en la lucha contra los cultivos ilícitos.
Un documento pionero en las políticas de drogas internacionales
Las Directrices representan, por lo tanto, una guía basada en leyes internacionales. Dos años después de su publicación, está claro que las Directrices Internacionales han dado forma a políticas nacionales. Además, son un recurso importante para que los estados se posicionen en las Naciones Unidas. Las organizaciones y grupos de la sociedad civil también están usando las Directrices cada vez más para recordar a los gobiernos sus obligaciones sobre derechos humanos en las políticas nacionales de drogas, y como soporte de sus demandas para desarrollos importantes.
