Colombia

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Prototipado para una transformación verde

Pequeños agricultores colombianos en las zonas afectadas por el cultivo ilícito de coca están demostrando en proyectos juntos con GPDPD y sus socios que es posible generar ingresos legales en las áreas protegidas mientras se restaura y conserva el medio ambiente.

En 2021 se cultivaron alrededor de 204,000 hectáreas de planta de coca en Colombia, según UNODC. Entretanto, más de la mitad de los cultivos se hallan en áreas protegidas o en reservas indígenas y afrocolombianas, con consecuencias devastadoras para el medio ambiente. El cultivo ilícito es una cuestión de supervivencia para muchas personas que viven en estas regiones, es decir, sin el cultivo de coca, las familias extremadamente pobres no podrían mantenerse a sí mismas. Se enfrentan a un dilema: cómo sobrevivir sin destruir el medio ambiente local y, por lo tanto, su propio sustento.

 

Las familias que dependen del cultivo de coca están marginadas en numerosos aspectos: económica-, política- y socialmente. Las áreas remotas carecen de seguridad, infraestructura, acceso al mercado, escuelas y atención médica: el Estado apenas está presente. Los narcotraficantes locales actúan como intermediarios proporcionando recursos y comprando los bienes a las comunidades. Relacionarse con ellos es a menudo la única manera de generar ingresos.

 

El cultivo ilegal en áreas protegidas tiene un grave impacto en el medio ambiente: Se está talando el bosque primario para dar paso a tierra que se puede usar para el cultivo. El procesamiento químico de la droga muchas veces se lleva a cabo directamente en el sitio liberando sustancias químicas nocivas a suelos y ríos. El cultivo de coca extiende los límites de la explotación agrícola al interior de áreas protegidas, y al cultivo le siguen nuevos colonos que agravan la problemática. Las consecuencias para el clima, el ecosistema y las personas son devastadoras.

Economía y conservación de la naturaleza en armonía

El Programa Global de Políticas de Drogas y Desarrollo (Global Partnership on Drug Policies and Development, GPDPD) trabaja en Colombia desde 2015, vinculando la política de drogas con la política medioambiental. Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania y en cooperación con el gobierno colombiano, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) y diversos socios regionales y locales, se han implementado proyectos piloto de desarrollo alternativo en Putumayo, Caquetá, Guaviare, Nariño, Meta y Valle del Cauca.

 

Hasta 2018, GPDPD y sus socios ejecutaron cinco proyectos con el programa de cooperación bilateral “Protección del bosque y del clima/REDD+”. La deforestación causada por la coca era el principal problema que se buscaba resolver. Después de 2018, se han implementado dos proyectos más acerca del manejo forestal sostenible y legal en cooperación con la UNODC y un proyecto sobre el uso de pagos por servicios ambientales en parques nacionales está en marcha. Los proyectos se complementan con estudios y recomendaciones de políticas públicas para el gobierno colombiano en colaboración con la Fundación Ideas para la Paz (FIP) para una política de drogas verde. 

Quién está afectado, participa

El objetivo es promover cadenas de valor legales y sostenibles que también contribuyan a la regeneración y protección de los bosques. De acuerdo con el concepto de desarrollo alternativo, las autoridades locales, las asociaciones de productores y los pequeños agricultores participan directamente en los proyectos. Esto no solo fortalece su papel en el proceso de transformación, sino que también es un factor de éxito para los proyectos.

 

Los pequeños agricultores ya están generando más ingresos mediante la comercialización de frutas locales como el açaí, el cacao o el cultivo de café. Recibieron capacitaciones en gestión sostenible y métodos de cultivo respetuosos con el medio ambiente. Además, reciben apoyo para certificar sus productos y concluir acuerdos de comercio justo con empresas locales. Esto les permite alcanzar precios más altos, y algunos de los productos incluso están siendo vendidos por empresas nacionales en mercados internacionales de Europa y Estados Unidos.

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hectáreas
de selva tropical han sido protegidas desde 2015
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han estado involucrados en los proyectos
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árboles madereros y frutales
se han sembrado como fuente de ingresos

Alternativas para el uso agrícola

En las áreas protegidas y los resguardos indígenas y afrocolombianos, se aplican condiciones aún más estrictas con respecto a la agricultura, incluida su prohibición completa. Esto plantea desafíos especiales para los proyectos de desarrollo alternativo. Pero aquí, también, hay enfoques que han demostrado su eficacia en la práctica y se incorporan en estudios y recomendaciones de políticas públicas. Prometedores para estos territorios son, por ejemplo, los pagos a las comunidades locales por servicios ambientales y el ecoturismo.

 

Estamos aprendiendo de los pequeños agricultores en Colombia cómo una política de drogas verde puede conducir a un cambio sostenible en las regiones afectadas. Con su experiencia, crean nuevos prototipos para una política de drogas contemporánea.