Derechos humanos y política de drogas

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Warum die Wahrung der Menschenrechte für eine nachhaltige Drogenpolitik unumgänglich ist

Im Kampf gegen illegale Drogen kommt es häufig zu schweren Menschenrechtsverletzungen: Folter, Massenverhaftungen, außergerichtliche Tötungen, jahrelange Inhaftierungen ohne Strafprozess und Todesstrafen für mutmaßliche Drogennutzer*innen oder Kleinstdealer*innen, die Verweigerung wesentlicher Rechte – um nur einige zu nennen. Es bedarf eines Umdenkens in der internationalen Drogenpolitik, denn die Wahrung der Menschenrechte ist eine Grundbedingung von Entwicklung. Wer sie nicht berücksichtigt, wird keine nachhaltigen Veränderungen herbeiführen.

Nur ein Bruchteil aller Suchtkranken weltweit hat Zugang zu angemessener Behandlung, schadensminimierenden Maßnahmen oder erhalten Schutz vor HIV- und Hepatitis-Infektionen. Obwohl die Todesstrafe für Drogendelikte einen Verstoß gegen die internationalen Menschenrechtsnormen darstellt, ist diese immer noch in mindestens 35 Staaten Teil der geltenden Rechtsordnung.

Por qué la salvaguarda de los derechos humanos es indispensable para una política de drogas sostenible

En la lucha contra las drogas ilegales se producen con frecuencia graves violaciones de los derechos humanos: tortura, arrestos masivos, homicidios extrajudiciales, encarcelamientos largos y penas de muerte para presuntos consumidores y consumidoras de drogas o micro traficantes o la denegación de derechos básicos, por nombrar solo algunos. Es necesario replantearse la política de drogas internacional: la salvaguarda de los derechos humanos es una condición esencial para el desarrollo; no tener esto en cuenta impedirá cualquier transformación sostenible.

Apenas una pequeña fracción del total de las personas que sufren una adicción a nivel mundial disfrutan de acceso a un tratamiento adecuado, a medidas para la reducción de daños o a protección frente a infecciones como el VIH y la hepatitis. Aun cuando la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas constituya una infracción de las normas internacionales de derechos humanos, esta sigue formando parte del ordenamiento jurídico vigente de al menos 35 Estados.

Derechos humanos, daños colaterales

Incluso las estrategias estatales de lucha contra el cultivo ilícito de drogas pueden dar lugar a violaciones de los derechos humanos. Cuando el Estado destruye la única base de subsistencia de familias afectadas por la pobreza, las personas afectadas se ven expuestas a la indigencia. Además, para la erradicación de cultivos ilícitos se utilizan con frecuencia agentes químicos nocivos para las personas y para el medioambiente. Por lo tanto, las medidas descritas conllevan también a la denegación a las personas afectadas de derechos básicos como la alimentación, el agua potable y la salud.

No hay desarrollo sostenible sin derechos humanos

Puesto que los derechos humanos son el fundamento de una vida digna y en igualdad, el armazón de una sociedad abierta y libre y la base del desarrollo sostenible, constituyen la condición principal de la política de desarrollo alemana. Esto aplica igualmente a la política de drogas orientada al desarrollo que Alemania promueve a nivel internacional. Las Naciones Unidas también exhorta a sus Estados miembros a que apliquen las medidas de control de drogas “de plena conformidad” con los principios de derechos humanos acordados internacionalmente. El Documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS) celebrado en 2016 dedica por primera vez un capítulo propio a los derechos humanos en el marco de la política de drogas.

El desarrollo alternativo fortalece los derechos humanos

Una política de drogas orientada al desarrollo, que integre desde el primer momento alternativas económicas, tal como la que defiende el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, garantiza a las personas perspectivas de futuro a largo plazo. El objetivo consiste en que los agricultores y agricultoras de las zonas de cultivos ilícitos dejen atrás la pobreza y logren alcanzar por sí mismos un nivel de vida adecuado. Esto incluye una equilibrada y suficiente alimentación, acceso a la tierra, que todas las personas disfruten de una asistencia sanitaria y que los niños y niñas puedan ir a la escuela. La estrecha involucración de la población local y un diseño de actividades sensible al género son aspectos fundamentales en este sentido.

Una normativa largamente esperada

A menudo, los Gobiernos carecen de los conocimientos necesarios para una reorientación concreta de sus políticas de drogas en consonancia con los derechos humanos. A este respecto, brindan orientación las “Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas”. Esta normativa Centro Internacional de Derechos Humanos y Política de Drogas de la Universidad de Essex ha sido formulada, por encargo del BMZ, con el apoyo del Programa Global de Políticas de Drogas y Desarrollo (Global Partnership on Drug Policies and Development, GPDPD), así como del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (United Nations Development Programme, UNDP) y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza. Las directrices concretan obligaciones en materia de control de drogas sobre la base de los derechos humanos internacionales y suponen una novedad en la política internacional de drogas.En marzo de 2019, dichas directrices se presentaron ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (Commission on Narcotic Drugs, CND) en Viena. La demanda — basada en los derechos humanos — de programas de salud, infraestructura y educación en el marco de los proyectos de desarrollo sostenible, reafirma el enfoque del BMZ, el cual va más allá de los cultivos ilícitos para centrarse principalmente en sus causas.

Participación de todos los grupos afectados

En la elaboración del documento han participado actores de los más diversos ámbitos de la economía de las drogas: agricultores y agricultoras de pequeña escala, consumidores y consumidoras de drogas, juristas, representantes de organizaciones no gubernamentales y representantes de organizaciones estatales e internacionales. Esto ha permitido tener en cuenta diferentes opiniones y necesidades y garantizar el respeto de los principios básicos de la participación, la transparencia y la no discriminación. También fue importante involucrar a representantes del mayor número posible de países, algo que se ha garantizado mediante tres consultas regionales en África, Asia y América Latina. El siguiente paso consiste en dar a conocer las directrices a nivel mundial y apoyar a los países interesados en la transposición de las mismas a leyes y estrategias nacionales.

 

El documento “Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas” puede consultarse y descargarse aquí.

Kollateralschaden Menschenrechte

Auch bei staatlichen Bekämpfungsstrategien illegalen Drogenpflanzenanbaus kann es zu Menschenrechtsverletzungen kommen. Wenn der Staat die einzige Lebensgrundlage verarmter Familien zerstört, geraten die Betroffenen in existentielle Not. Bei der Vernichtung der Pflanzen werden zudem häufig chemische Mittel verwendet, die Mensch und Umwelt schaden. Die beschriebenen Maßnahmen führen also dazu, dass den Betroffenen grundlegende Rechte wie auf Nahrung, sauberes Wasser und Gesundheit verwehrt werden.

Keine nachhaltige Entwicklung ohne Menschenrechte

Doch weil Menschenrechte die Grundlage für ein würdevolles und gleichberechtigtes Leben, das Gerüst einer offenen und freien Gesellschaft und die Basis nachhaltiger Entwicklung sind, bilden sie die Grundbedingung deutscher Entwicklungspolitik. Das gilt genauso für die von Deutschland international vertretene entwicklungsorientierte Drogenpolitik. Auch die Vereinten Nationen rufen ihre Mitgliedstaaten dazu auf, Drogenkontrollbemühungen „in voller Konformität“ mit den international vereinbarten Menschenrechtsgrundsätzen durchzuführen. Das Abschlussdokument der Sonderversammlung der Vereinten Nationen zum Weltdrogenproblem 2016 (Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem, UNGASS 2016)  widmet Menschenrechten in der Drogenpolitik erstmals ein eigenes Kapitel.  

Alternative Entwicklung stärkt Menschenrechte

Eine entwicklungsorientierte Drogenpolitik, die wirtschaftliche Alternativen von Anfang an miteinbezieht, wie sie vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) vertreten wird, gewährt Menschen langfristige Zukunftsperspektiven. Ziel ist es, dass die Bäuerinnen und Bauern in den Anbaugebieten die Armut hinter sich lassen und sich selbst einen angemessenen Lebensstandard ermöglichen können. Dazu gehört eine ausreichende und ausgewogene Ernährung, Zugang zu Land und dass alle eine Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen und die Kinder die Schule besuchen können. Eine enge Einbindung der lokalen Bevölkerung und die gendersensible Ausgestaltung der Maßnahmen sind dabei wesentlich.

Längst überfällig: ein Regelwerk

Häufig fehlt es Regierungen an Wissen, wie sie ihre Drogenpolitik im Sinne der Menschenrechte konkret neu ausrichten können. Orientierung hierfür bieten die International Guidelines on Human Rights and Drug Policy. Das Regelwerk des International Centre on Human Rights and Drug Policy der Universität Essex wurde mit Unterstützung der Globalen Partnerschaft für Drogenpolitik und Entwicklung (Global Partnership on Drug Policies and Development, GPDPD) im Auftrag des BMZ, des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Development Programme, UNDP) und des Schweizer Außenministeriums formuliert. Die Richtlinien konkretisieren Drogenkontrollverpflichtungen anhand der international geltenden Menschenrechte und sind ein Novum in der internationalen Drogenpolitik.  Im März 2019 wurden diese erstmalig in der Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen (Commission on Narcotic Drugs, CND) in Wien vorgestellt. Die menschenrechtliche Forderung nach Gesundheits-, Infrastruktur- und Bildungsprogrammen im Kontext nachhaltiger Entwicklungsprojekte bekräftigt den BMZ-Ansatz, der über den Anbau von Drogenpflanzen hinaus vor allem dessen Ursachen in den Mittelpunkt stellt.

Partizipation aller betroffenen Gruppen

An der Erstellung der Richtlinien waren unterschiedlichste Akteure involviert: Kleinbäuerinnen und -bauern, Drogennutzer*innen, Rechtswissenschaftler*innen, Vertreter*innen von Nichtregierungsorganisationen sowie von staatlichen und internationalen Organisationen. So wurden unterschiedliche Meinungen und Bedürfnisse berücksichtigt und die Grundprinzipien der Partizipation, Transparenz und Nichtdiskriminierung gewahrt. Auch war es wichtig, Vertreter*innen aus möglichst vielen Ländern einzubeziehen. Dies wurde durch drei Regionalkonsultationen in Afrika, Asien und Lateinamerika gewährleistet. Im nächsten Schritt geht es darum, die Richtlinien weltweit bekannt zu machen und interessierte Staaten bei der Überführung in nationale Gesetze und Strategien zu unterstützen.

 

Die International Guidelines on Human Rights and Drug Policy können hier eingesehen und heruntergeladen werden.